Desde el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Salta, informamos el alto grado de preocupación por lo sucedido días atrás en nuestra Catedral Basílica, debido al desprendimiento de una cornisa y sus ornamentos ubicada en la galería superior izquierda de la nave central. Esta situación pudo ocasionarse por distintos tipos de patologías que afectan a los inmuebles históricos de nuestra ciudad, así como también el fin de la vida útil de los materiales que lo componen. Es por eso que la problemática de este edificio de gran valor patrimonial, hoy requiere de la intervención de profesionales para detectar cual fue la causa que dio origen a estos eventos.

Consideramos que es fundamental que el estado Provincial tome cartas en el asunto, y se pongan al frente de la reglamentación de la Ley 7740 /12 referida a las “Verificaciones de Condiciones Mínimas de Seguridad para Edificios de Uso Público”. Lo sucedido en la Catedral son pequeños anuncios que nos van dando los edificios, de que algo está sucediendo y que no se atiende en tiempo y forma, sino que se repara el problema una vez ocasionado el daño. 

El Arquitecto Gustavo Giachero, presidente del Colegio de Arquitectos destacó que “Si esta ley se reglamentara y pudiéramos realizar los relevamientos y estudios pertinentes de cada edificio, tendríamos detectado al menos de antemano cuales son los problemas, pudiendo realizar la conservación preventiva de los edificios, planes de manejo en cuestiones de mantenimiento edilicio, refuerzos estructurales y/o intervenciones en cada uno de ellos. Además de buscar fondos de distintos organismos nacionales e internacionales para hacer frente al mantenimiento de los Monumentos Nacionales y/o Provinciales, que forman parte de nuestro inventario de bienes con Protección Patrimonial.”

Desde el Colegio de Arquitectos de Salta, mediante su Comisión de Patrimonio, estamos dispuestos a prestar colaboración para darle forma y reglamentar esta ley tan importante para la seguridad pública. En conjunto con organismos provinciales como CoPAUPS, DiPAUS, CoPAIPA, facultad de ingeniería y arquitectura de la UNSA y UCASAL, como también aquellos organismos o instituciones que deban velar por este tema. Esta ley no incluye solamente a los inmuebles catalogados como bienes de interés patrimonial, sino a todos aquellos inmuebles construidos con anterioridad al año 1980.

Esa reglamentación nos daría la posibilidad de contar con herramientas para poder detectar problemas edilicios y catalogarlos debido al grado de urgencia de las intervenciones. A su vez poder contar con un plan de intervención y de mantenimiento edilicio a largo plazo, que daría como resultado que todos los edificios según su uso y capacidad de albergar personas, puedan tener un certificado de condiciones mínimas de seguridad y de habitabilidad. 

Desde el CAS contamos con una Comisión de Patrimonio integrada por especialistas, y desde la Fundación CAS se cuenta con programas de asesoría técnica para dar una solución a esta y otras situaciones similares, tanto al Estado como a particulares.